En diciembre de 2007 los ministros de agricultura de la Unión adoptaron un acuerdo político que tendrá repercusiones irreversibles para el sector del vino y que podría cambiar a corto o medio plazo el aspecto de muchas regiones productoras. Las consecuencias de la reforma se dejarán quizás sentir de forma más acusada en Castilla-La Mancha, en donde se encuentra, dicho sea de paso, la mayor superficie vitivinícola del mundo, pero no dejará de tener repercusiones nefastas en el resto de las regiones españolas, La Rioja inclusive, como consecuencia de la liberalización de los derechos de plantación.
Los puntos flacos
Los ministros acordaron, por otra parte, la liberalización total de las plantaciones de viñedos, medida que entrañará graves perjuicios a los vinos con denominación de origen, cuya calidad reside en gran parte en un control estricto del potencial productivo. Aunque los Estados miembros podrán aplazar dicha liberalización hasta el 2018, ello implicará una fuerte descapitalización del viticultor y las fuertes inversiones que han realizado muchos productores en la compra de los derechos de plantación perderán todo su valor, sin que se haya previsto ningún tipo de indemnización. Junto con la reducción de los fondos destinados a España, la liberalización constituye una de las medidas con las consecuencias más graves para el sector, sobre todo para las denominaciones de origen, cuyo éxito en nuestro país reside en gran parte en una estricta limitación de la oferta.
Complementariamente, la reforma carece de elementos que, a mi modo de ver, son esenciales para hacer frente a los desafíos del futuro, como medidas innovadoras en materia de comercialización, o un impulso decidido en favor de la promoción o la investigación, con el fin de adaptar el sector a la evolución de los mercados; todo ello sin perder de vista la necesidad de mantener en la medida de lo posible el modelo tradicional de vinos de calidad de la Unión Europea –modelo en el que ha residido hasta hoy día el prestigio de que gozan muchos caldos españoles.
En cuanto a la política de etiquetado que se ha seguido, me temo que se trata de uno de los puntos en los que las posiciones entre las indicaciones geográficas y los vinos de mesa españoles son irreconciliables. Lógicamente, las primeras quieren preservar su prerrogativa actual sobre la mención de la añada y la variedad de la uva, mientras que los segundos ven quizás en la flexibilización de las normas de etiquetado una oportunidad para mejorar su política comercial. Todos tienen sus razones, pero desde nuestro punto de vista, esta decisión tendrá repercusiones muy negativas para el conjunto del sector, pues igualará hacia abajo la imagen de los vinos españoles y europeos en general.
La creación de sobres nacionales constituye uno de los temas más novedosos de esta reforma. Sin embargo, durante la negociación de las cantidades atribuidas a cada país, era de vital importancia que España defendiera un reparto basado únicamente en criterios históricos, dado que nuestro país ha sido en los últimos años el principal beneficiario del régimen en vigor. La creación de «sobres nacionales» es la tendencia seguida en las distintas reformas agrícolas adoptadas en los últimos años, pero no escondo mi temor a que con esa nueva filosofía se esté preparando el terreno a una, puede que no muy lejana, renacionalización de la Política Agrícola Común (PAC).
España recibirá en el período 2009-2015 una media de 353,2 millones de euros, lo que supone una reducción del 24 % respecto de las ayudas recibidas en el período 2001-2008 (464 millones de euros de media) gracias a la reforma que negoció en su día (1999) el Partido Popular y que salió netamente favorable a nuestro país. En el primer año de aplicación de la reforma, 2009, España recibirá un 53 % menos que la media de los últimos años.
Algunas causas
Una parte sustancial de la pérdida de fondos para España se debe a que, por primera vez en una reforma agrícola, la clave de reparto escogida para la distribución de los sobres nacionales no tiene en cuenta de forma íntegra el reparto histórico de las ayudas. La referencia histórica ha quedado muy diluida dentro de la clave de reparto, en donde se han tenido en cuenta también la producción y la superficie.
Por otra parte, España, Francia e Italia son los únicos Estados miembros que estarán obligados a transferir parte de sus dotaciones a la Política de Desarrollo Rural, lo que supone un trato discriminatorio respecto de los otros 24 Estados miembros. Aunque el trasvase total del presupuesto vitivinícola al segundo pilar de la PAC ha sido reducido a 150 millones de euros en el último año (2015) para toda la UE frente a los 400 millones de euros barajados inicialmente por la Comisión Europea, todos los productores españoles se opusieron desde un primer momento a cualquier recorte del presupuesto vitivinícola, ya que ello va en detrimento de las medidas de apoyo al sector.
En cuanto a las ayudas para la destilación de uso de boca, destinadas a aprovisionar de alcohol vínico a los fabricantes de bebidas espirituosas (brandy de Jerez), el Consejo decidió suprimir la ayuda específica a la destilación, aunque durante un período transitorio de cuatro años España podrá conceder una ayuda directa vinculada a contratos con la industria. La pérdida de esa ayuda específica podría suponer la quiebra de algunas empresas destiladoras, así como una pérdida de competitividad para los productores de brandy.
El acuerdo prevé, además, la posibilidad de conceder ayudas directas, sin más, dentro de los sobres nacionales, lo que probablemente beneficiará en primer plano a los productores cuya salida comercial es actualmente la destilación de uso de boca, lo cual podría frenar los arranques de viñedos en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura.
Sin embargo, los ministros, incluida la española Elena Espinosa, rechazaron la propuesta de la Comisión Europea de dedicar una dotación específica (32 millones de euros anuales en el caso español) para la promoción del vino dentro de los sobres nacionales distribuidos entre los Estados miembros. De la promoción se podrían beneficiar, sobre todo, los vinos con mayor impulso comercial, vinos que ven ahora defraudadas sus expectativas. El acuerdo en términos globales satisface, por lo tanto, las demandas de unas pocas regiones, dejando sin atender las inquietudes de muchas zonas que tendrán que competir difícilmente con un mercado cada vez más agresivo en materia de política comercial.
En el debate sobre la puesta en marcha de medidas de promoción, me llamó especial atención la negativa del Consejo y de la Comisión Europea a aceptar la petición del Parlamento Europeo de financiar actuaciones tanto fuera como dentro de las fronteras de la Unión Europea, quedando restringidas únicamente al mercado exterior. Los ministros desoyeron así la reivindicación unánime del sector español y europeo, y esa laguna implicará, probablemente, en la práctica un riesgo de infrautilización de los recursos que los Estados quieran, de forma unilateral, dedicar a la promoción de sus caldos.
Por otra parte, mientras que los ministros cedieron la práctica de la «chaptalización» realizada por los países del Norte, sólo autorizaron el mantenimiento durante un tramo de cuatro años de las ayudas para el enriquecimiento con mosto, utilizadas por los países del Sur de la UE. En cuatro años desaparecerá, por lo tanto, la posibilidad de compensar los costes más elevados que tienen que soportar estos últimos. En este punto, el acuerdo es claramente desequilibrado. La Comisión Europea estimaba, en un primer momento, que con la eliminación de las ayudas al enriquecimiento del mosto y la supresión de la «chaptalización» desaparecerían en torno a 6 millones de hectolitros excedentarios en la UE. Parece evidente que los aspectos presupuestarios han pesado en la negociación, pues las ayudas al enriquecimiento de los vinos con mosto hubiesen tenido que ser, en teoría, revisadas al alza debido a la caída del precio del azúcar que muchos pronosticaban como consecuencia de la reforma de este sector.
Algunas consecuencias
Está claro que España ha tenido muchas dificultades para hacer valer las ventajas de las ayudas al mosto, pero el mejor escenario posible hubiese sido que los defensores de una y otra práctica enológica quedaran en «tablas». Sin embargo, desde un primer momento estaba claro que aunque la Comisión defendía la supresión de la «chaptalización», su posición era puramente estratégica, pues de antemano no se le escapaba que a lo sumo sólo lograría restringir su uso, ya que las regiones que recurren a ella alegan que se trata de una práctica tradicional (argumento que ya triunfó en reformas pasadas).
El saldo de la reforma para España ha sido muy negativo si se compara con la situación actual y con el dictamen del Parlamento Europeo, en el que la Eurocámara hizo un esfuerzo por atender todas las inquietudes del sector.
